El libro analiza el modelo colombiano de economía social de mercado establecido por la Constitución de 1991, destacando que las libertades económicas conviven con la intervención del Estado para garantizar el interés general, la igualdad material y la justicia social. Desde esta perspectiva, la propiedad privada y la libertad de empresa no son derechos absolutos, sino que deben ejercerse de acuerdo con los principios del Estado social de derecho y la función social que les asigna la Constitución.
A lo largo de la obra se explica que el mercado depende de un marco jurídico sólido y de instituciones capaces de garantizar su adecuado funcionamiento. El autor desarrolla cómo la economía social de mercado en Colombia ha sido construida principalmente por la jurisprudencia de la Corte Constitucional, integrando elementos del pensamiento económico, filosófico y jurídico para justificar la intervención estatal como un mecanismo que promueve la competencia, protege el bienestar colectivo y corrige las desigualdades presentes en la sociedad.
Finalmente, el texto concluye que el modelo económico colombiano constituye una construcción propia, adaptada a las condiciones históricas y sociales del país. En ese sentido, resalta la importancia de fortalecer el papel de las instituciones y de mantener un equilibrio entre la libertad económica y la protección de los derechos fundamentales, con el propósito de avanzar hacia un desarrollo más equitativo, sostenible e incluyente.
