En los últimos años, el bullying en las instituciones educativas colombianas ha presentado un incremento significativo, convirtiéndose en un riesgo para el bienestar de niños y jóvenes. Diversos estudios evidencian cifras preocupantes en ciudades como Cali y Bogotá, lo que confirma el aumento de víctimas y la necesidad de abordar esta problemática desde una perspectiva jurídica. En este contexto, resulta fundamental analizar la responsabilidad de las instituciones educativas en la protección de derechos fundamentales como la vida, la integridad y la dignidad humana.
A partir del análisis jurisprudencial de la Corte Constitucional y otras fuentes normativas, se evidencia que las instituciones educativas, junto con la familia, la sociedad y el Estado, tienen el deber de prevenir, atender y sancionar los casos de acoso escolar. Asimismo, se destaca la importancia de implementar medidas efectivas de convivencia y protocolos que permitan actuar oportunamente frente a situaciones de violencia, evitando consecuencias graves como el suicidio en menores. De esta manera, la investigación se enfoca en determinar la responsabilidad jurídica de estas entidades frente a la omisión en su deber de cuidado.
El texto se destaca por ofrecer una visión crítica y estructurada sobre la problemática del bullying escolar y sus implicaciones jurídicas en Colombia. Sus aportes permiten comprender la necesidad de un equilibrio entre la responsabilidad institucional y la garantía de los derechos fundamentales de los menores. Está dirigido a estudiantes, profesionales del derecho, investigadores y servidores públicos interesados en fortalecer una interpretación garantista y constitucional frente a la protección de la infancia en contextos educativos.
